Fuente: www.retema.es.

Para más información: acceder.

Fuente: www.lavozdeasturias.es.

Para más información: acceder.

La valorización de residuos continúa ganando protagonismo como vía para avanzar hacia una economía más circular y baja en carbono. Un ejemplo reciente es el proyecto piloto puesto en marcha por Moeve e ISFA realizan un proyecto piloto de uso de diésel 100% renovable en maquinaria agrícola, que demuestra cómo determinados residuos pueden convertirse en combustibles capaces de reducir significativamente las emisiones asociadas a actividades difíciles de electrificar.

La iniciativa se desarrolla en una explotación de almendros de aproximadamente 600 hectáreas situada en Logrosán (Cáceres), donde se está evaluando el comportamiento del diésel 100% renovable HVO en condiciones reales de trabajo agrícola. Durante seis meses, Moeve suministrará 15.000 litros de este combustible renovable para una flota compuesta por ocho tractores y cuatro cosechadoras, un total de 12 vehículos agrícolas.

El aspecto más relevante desde el punto de vista ambiental es el origen de este combustible. El HVO se produce a partir de residuos orgánicos y otras materias primas de origen residual, encajando plenamente en los principios de la economía circular al otorgar una segunda vida a materiales que, de otro modo, se convertirían en desecho. Además, al tratarse de un biocombustible de segunda generación (2G), permite reducir hasta un 90 % las emisiones de CO₂ a lo largo de todo su ciclo de vida respecto al diésel convencional.

Según las estimaciones del proyecto, el empleo de este combustible renovable evitará la emisión de 43 toneladas de CO₂ durante el periodo de prueba. La iniciativa también servirá para analizar la viabilidad de los combustibles renovables como solución inmediata para sectores donde la electrificación sigue presentando importantes desafíos técnicos y operativos, como la maquinaria pesada, el transporte marítimo o la aviación.

Los combustibles renovables representan una oportunidad especialmente interesante para la gestión y valorización de residuos, ya que transforman subproductos y residuos orgánicos en recursos energéticos de alto valor añadido. Este tipo de soluciones contribuye simultáneamente a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a impulsar modelos productivos más sostenibles y circulares.

Fuente: www.moeve.es.

Para más información: acceder.

La gestión de residuos municipales en Europa se enfrenta a un importante cambio regulatorio. La Comisión Europea ha propuesto incorporar las instalaciones de incineración y coincineración de residuos no peligrosos al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS) a partir de 2031, una medida que podría transformar tanto la economía de las plantas de tratamiento como los costes asociados a la gestión de los residuos.

La iniciativa persigue que las emisiones de carbono fósil asociadas a los residuos no reciclables tengan un coste económico explícito. Según la propuesta, las instalaciones asumirían progresivamente esta obligación: un 25% de las emisiones verificadas en 2031, un 50% en 2032, un 75% en 2033 y la totalidad a partir de 2034. La Comisión Europea estima que esta medida podría evitar la emisión acumulada de 53 millones de toneladas de CO₂ equivalente entre 2031 y 2040.

La futura normativa también refuerza el papel de herramientas como el ecodiseño, la incorporación de material reciclado y la responsabilidad ampliada del productor. El objetivo es actuar sobre los productos y materiales antes de que se conviertan en residuos, reduciendo así la cantidad de carbono fósil que llega a las plantas de tratamiento.

Para España, las consecuencias van más allá del ámbito ambiental. La introducción del coste del carbono podría afectar a contratos públicos, tasas municipales y modelos de financiación de las infraestructuras de tratamiento. Además, plantea interrogantes sobre quién acabará asumiendo el sobrecoste derivado de las emisiones: las instalaciones de tratamiento, las administraciones públicas, los productores o, en última instancia, los ciudadanos.

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es el posible desequilibrio entre valorización energética y vertedero. Mientras las instalaciones de valorización asumirían nuevos costes vinculados a sus emisiones, los vertederos quedarían inicialmente sometidos únicamente a obligaciones de monitorización y reporte. Esta situación podría restar competitividad a la valorización energética y dificultar la reducción del vertido, especialmente en países donde esta opción sigue teniendo una presencia significativa.

En este contexto, España deberá adaptar su marco normativo y contractual para integrar las nuevas exigencias europeas, al tiempo que impulsa medidas orientadas a la prevención, la recogida separada, el reciclaje y la reducción de materiales de origen fósil. El éxito de la reforma dependerá, en gran medida, de que el coste del carbono contribuya realmente a modificar los modelos de producción y consumo, favoreciendo una economía más circular y eficiente en el uso de los recursos.

Fuente: www.retema.es

Para más información: acceder.

La transición hacia la movilidad eléctrica plantea importantes retos, pero también nuevas oportunidades en materia de sostenibilidad y gestión de recursos. Uno de los ámbitos que comienza a ganar protagonismo es el de las baterías de los vehículos eléctricos una vez concluye su vida útil en automoción. Lejos de convertirse inmediatamente en un residuo, estos equipos pueden seguir desempeñando una función relevante durante años gracias a su reutilización en sistemas de almacenamiento energético.

Según un reciente análisis de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), las baterías retiradas de vehículos eléctricos pueden conservar entre el 70 % y el 80 % de su capacidad original cuando dejan de ser aptas para el automóvil. Esta circunstancia permite plantear una segunda vida para estos sistemas antes de su reciclaje definitivo, aprovechando su potencial para almacenar energía procedente de fuentes renovables o para dar soporte a infraestructuras de recarga eléctrica.

La reutilización de baterías se perfila como una solución especialmente interesante en un contexto marcado por el crecimiento de las energías renovables. Estos sistemas pueden emplearse en instalaciones residenciales, industriales y redes de recarga, permitiendo almacenar electricidad en momentos de baja demanda y liberarla cuando sea necesario. Además de optimizar el aprovechamiento de la energía, diversos estudios citados por FAEN apuntan a reducciones significativas en los costes asociados al almacenamiento frente al empleo de baterías nuevas.

No obstante, el aprovechamiento de estas baterías exige una gestión rigurosa a lo largo de toda su cadena de valor. Desde la recogida y el transporte hasta el almacenamiento y la evaluación de su estado, cada fase requiere procedimientos específicos y personal cualificado. Entre los aspectos más relevantes figuran la prevención de riesgos eléctricos, químicos y térmicos, así como la formación de profesionales que intervienen en su manipulación, incluidos talleres, gestores de residuos y servicios de emergencia.

Cuando una batería ya no reúne las condiciones necesarias para una segunda utilización, entra en juego el reciclaje. El informe analiza distintas tecnologías para recuperar materias primas de alto valor, como los procesos hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos, biometalúrgicos y de reciclaje directo. El objetivo es maximizar la recuperación de materiales críticos y reducir la dependencia de nuevas extracciones, reforzando así los principios de la economía circular.

La creciente implantación de la movilidad eléctrica hará que el volumen de baterías fuera de uso aumente progresivamente en los próximos años. Este escenario obliga a desarrollar sistemas capaces de garantizar una gestión segura, eficiente y sostenible. Al mismo tiempo, abre la puerta a nuevas actividades relacionadas con el almacenamiento energético, el reacondicionamiento de equipos y la recuperación de materias primas, configurando un sector con importantes perspectivas de desarrollo para la economía circular y la transición energética.

Fuente: www.energynews.es

Para más información: acceder.

Los instrumentos económicos se consolidan como una herramienta clave para impulsar la transición hacia un modelo de economía circular, actuando sobre todas las fases del ciclo de vida de los productos, desde la extracción de materias primas hasta la gestión de los residuos. Así lo destaca un análisis publicado por Universidad Complutense de Madrid, que subraya la necesidad de combinar medidas fiscales, incentivos económicos y mecanismos de contratación pública para favorecer un uso más eficiente de los recursos.

MEDIDAS.

Entre las medidas planteadas figuran los impuestos sobre recursos vírgenes y plásticos, diseñados para fomentar el empleo de materiales reciclados y reducir el impacto ambiental asociado a la extracción de materias primas. El artículo también destaca la importancia del ecodiseño, recordando que hasta el 80% de los impactos ambientales de un producto se determinan durante su fase de diseño.

LOS DE MAYOR IMPACTO

La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y la contratación pública ecológica aparecen como dos de los instrumentos con mayor potencial para impulsar cambios estructurales. En particular, la eco-modulación de la RAP permite premiar productos con mejores características ambientales y penalizar aquellos con un mayor impacto, incentivando así el diseño circular.

SEGÚN FASE DEL CICLO DE VIDA

En la fase de uso de los productos, el análisis pone el foco en medidas orientadas a prolongar su vida útil, como la reducción del IVA para actividades de reparación y reutilización o la concesión de ayudas económicas para reparar electrodomésticos, textiles y otros bienes de consumo. Estas iniciativas persiguen reducir la generación de residuos y favorecer modelos de consumo más sostenibles.

Respecto al final de la vida útil de los productos, se consideran fundamentales instrumentos como los impuestos al vertido e incineración de residuos y los sistemas de pago por generación, que vinculan las tasas municipales a la cantidad de residuos producidos por cada usuario. Estas medidas buscan desviar residuos hacia la reutilización y el reciclaje, reforzando la jerarquía europea de gestión de residuos.

CONCLUSIONES

El informe concluye que la combinación de fiscalidad ambiental, eco-modulación de la RAP, incentivos a la reparación y modelos de pago por generación será determinante para acelerar la transición hacia una economía más circular, eficiente y sostenible.

Fuente: www.retema.es

Para más información: acceder.

LA LÍNEA DE AYUDAS

Fuente: www.europapress.es

Para más información: acceder.

Desde el pasado 12 de agosto de 2026, la Unión Europea ha comenzado a aplicar el Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases, una normativa que marcará el futuro del sector en los próximos años y que busca reducir la generación de residuos, impulsar la reutilización y mejorar los niveles de reciclaje en todos los Estados miembros.

Aunque la normativa ya está en vigor, sus principales obligaciones se incorporarán de forma progresiva hasta el año 2030. El objetivo es facilitar la adaptación de fabricantes, distribuidores y gestores de residuos a un nuevo modelo basado en la economía circular y el aprovechamiento de los recursos.

Primeras medidas: restricciones a las sustancias PFAS

Entre las primeras disposiciones que ya han comenzado a aplicarse destaca la limitación del uso de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en envases destinados al contacto con alimentos. Estos compuestos, conocidos por su elevada persistencia en el medio ambiente, han sido utilizados tradicionalmente para aportar resistencia a grasas y líquidos en determinados envases alimentarios.

Con esta medida, la Unión Europea busca reducir tanto la exposición de los consumidores a estas sustancias como su liberación al entorno, reforzando la seguridad y la sostenibilidad de los envases alimentarios.

Un etiquetado común para toda Europa

Otro de los cambios más importantes llegará en 2028 con la implantación de un sistema armonizado de etiquetado para los envases comercializados en la Unión Europea. Este modelo ofrecerá información más clara sobre la correcta separación de residuos y facilitará la clasificación de los materiales por parte de los consumidores.

Además, el nuevo sistema permitirá informar sobre aspectos como la composición de los materiales, la compostabilidad o el contenido reciclado de los envases, favoreciendo una gestión más eficiente de los residuos y una mayor uniformidad normativa entre países.

Más recogida y recuperación de materiales

El Reglamento también fija objetivos ambiciosos de recogida selectiva. Para 2029, los Estados miembros deberán alcanzar una tasa mínima del 90% de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso y recipientes metálicos para bebidas. Para lograrlo, la normativa contempla la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno cuando resulte necesario.

Esta medida pretende aumentar la recuperación de materiales valiosos y facilitar su reincorporación a nuevos procesos productivos.

2030: el año clave para la transformación del sector

Gran parte de los cambios más significativos entrarán en vigor a partir de 2030. Entre ellos destacan las limitaciones al sobreenvasado, la reducción del espacio vacío innecesario y nuevas restricciones para determinados formatos de plástico de un solo uso.

La normativa también impulsará modelos de reutilización mediante objetivos específicos para distintos tipos de envases y sectores de actividad. La intención es fomentar sistemas en los que los recipientes puedan devolverse, rellenarse o reutilizarse varias veces antes de convertirse en residuo.

Asimismo, a partir de esa fecha todos los envases deberán avanzar hacia criterios de reciclabilidad y los envases de plástico estarán sujetos a requisitos mínimos de contenido reciclado, reforzando la demanda de materias primas procedentes del reciclaje.

Objetivos de prevención y reducción de residuos

La nueva regulación sitúa la prevención como prioridad estratégica. Para ello, establece metas de reducción de residuos de envases por habitante respecto a los niveles registrados en 2018:

Reducción del 5% en 2030.
Reducción del 10% en 2035.
Reducción del 15% en 2040.

Un cambio de gran impacto para toda la cadena de valor

El nuevo marco regulatorio afectará a todo el ciclo de vida de los envases: desde su diseño y fabricación hasta la recogida, clasificación y reciclaje de los residuos generados. La adaptación exigirá esfuerzos por parte de fabricantes, distribuidores, gestores y administraciones, pero también abrirá nuevas oportunidades para impulsar la innovación y la circularidad en el sector.

La entrada en aplicación del Reglamento (UE) 2025/40 no supone un cambio inmediato de todas las obligaciones, sino el comienzo de una transformación progresiva que redefinirá la gestión de los envases en Europa durante la próxima década.

Fuente: www.retema.es

Para más información: acceder.

Fuente: www.europapress.es

Para más información: acceder.

Fuente: www.retema.es

Para más información: acceder.